Por Jesús Iglesias. La revolución industrial reconfiguró la estructura territorial y social de las sociedades modernas, de modo que si en 1800 vivían en áreas urbanas (principalmente en Europa occidental) 30 millones de personas de las 1000 que poblaban el planeta, hoy la población urbana supera a la rural. El rápido crecimiento demográfico (posibilitado por la explotación de los combustibles fósiles), el éxodo urbano masivo del campesinado (obligado por una legislación que sustituyó los derechos comunales sobre la tierra por los de propiedad privada) y la emigración a las ciudades para alimentar a las industrias con mano de obra, han llevado a las ciudades a convertirse en auténticos nexos de la globalización productivista. Según datos del Instituto McKinsey, en 2007 las ciudades, que sólo ocupaban el 2% de la superficie mundial, contribuyeron al 80% del PIB.
En la redoblada competición que introduce el nuevo capitalismo global a partir de los años 80 del pasado siglo, ya no sólo compiten entre sí los Estados, sino también los territorios y las regiones metropolitanas, con la mirada puesta en atraer la mayor cantidad de inversiones internacionales. Los Estados dejan de ser así espacios unitarios y sus economías se abren a las lógicas del mercado mundial, lo que trae como resultado una producción de vivienda cada vez más orientada al mercado e integrada en la lógica bancaria (vivienda en propiedad, menor construcción de vivienda social, desregulación del mercado del alquiler, expansión del mercado hipotecario, etc). Ramón Fernández Durán resumió este proceso: los espacios urbanos se convierten en ámbitos de acumulación de capital (producida principalmente en el sector inmobiliario, infraestructuras y las redes de servicios urbanos, así como lo concerniente a los procesos de producción, distribución y consumo de masas), la ciudad se mercantiliza y termina siendo un bien de inversión.
Paralelamente, las ciudades se han ido haciendo cada vez más dependientes del transporte global, de los combustibles fósiles, de las grandes infraestructuras y de los impactos ecológicos. Todo ello ha empujado a los entornos urbanos hacia la extralimitación ecológica, la ocupación masiva de suelo, las huellas energéticas, ecológicas e hídricas disparadas, el ruido permanente y la contaminación ambiental. Si añadimos a todo esto la aplicación de tecnologías muy energívoras y altamente funcionales a la acumulación de capital, un ‘mix’ energético supeditado a los intereses de las grandes corporaciones, una economía tendente a la privatización, la especialización y la desregulación, una precarización laboral creciente y unos gobiernos con un claro perfil tecnocrático, poco transparentes y con una bajísima sensibilidad social y medioambiental, nos encontramos con que las ciudades pagan un precio social y ecológico demasiado elevado, configurándose como enclaves radicalmente insostenibles y muy dependientes de recursos externos. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía las ciudades consumen en torno al 70% de la energía primaria mundial y son responsables del 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las grandes urbes, explica Florent Marcellesi, “son a la vez el reflejo de este modelo socioeconómico y sujeto activo del cambio global”. Mientras la urbanización avanza a toda velocidad, la extralimitación ecológica inducida por el metabolismo artificial de la especie humana se gesta principalmente en las grandes ciudades, totalmente incompatibles con las posibilidades energéticas y el equilibrio climático del planeta.
Al ser esencialmente artificiales, los sistemas urbanos son los menos resilientes antes las crisis, muy especialmente en los asentamientos costeros, y altamente dependientes de las zonas periféricas. Una ciudad como Bilbao, por ejemplo, no duraría ni dos semanas si tuviera que proveerse exclusivamente de lo que produce y además hacerse cargo de sus propios residuos. Así lo estipula el informe Sostenibilidad local: una aproximación rural y urbana, publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad de España. Es una reproducción a pequeña escala del modelo de injusticia ambiental entre el Norte y el Sur, en el que unos territorios alcanzan niveles altos de desarrollo humano mediante la explotación de espacios ambientales y mano de obra de los otros.
La supervivencia de la humanidad en condiciones dignas nos obliga a cambiar el modelo global. Partiendo del criterio de justicia ambiental (mismos derechos de acceso e idénticas opciones a los beneficios de la naturaleza para tod@s), debemos iniciar una transición de la ciudad de la expansión ilimitada a la ciudad adaptada a los límites biofísicos del territorio que la sostiene, de la ciudad del crecimiento a la ciudad decrecentista, de la ciudad de la construcción permanente a la ciudad que rehabilita, de la ciudad deslocalizada a la ciudad de las distancias cortas, de la ciudad de los motores de combustión, a la ciudad de la movilidad sostenible y el transporte colectivo. Pero no habrá disminución de la huella ecológica de las ciudades sin un cambio en los valores y en la mentalidad de los ciudadanos, de la misma manera que, lo advierte la antropóloga Yayo Herrero, “sin la acción inmediata y decidida de las ciudades y sus ciudadanías será muy difícil reconducir a tiempo las amenazas de crisis y colapso ecosocial a las que se enfrenta la humanidad”.
Para ampliar:
Menos es Más - Una apuesta por el decrecimiento 